Encabezado Boletin
ISSN 2525-040X   

Número 24, Abril de 2018

"Producción Pública de Medicamentos en la Argentina: Propósitos, posibilidades y desafíos"

Industria farmacéutica vs. salud pública. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Realidad Económica.

http://www.iade.org.ar/noticias/industria-farmaceutica-vs-salud-publica 

Descriptores: <Industria farmacéutica> <Empresas transnacionales> <Mercado> <Ética> <Productos farmacéuticos> <Medicamentos> <Precios> <Discriminación económica> <Política de salud> <Salud pública> <Control de precios> <Control de calidad> <Rentabilidad> <Responsabilidad> <Responsabilidad social> <Poder de la comunidad>

Las empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus “leyes de mercado” tienen modalidades particulares.

Primero, por el hecho que tienen un mercado cautivo (personas que padecen enfermedades o preocupadas por su salud), que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen de quienes les recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata también de un área donde la calidad del producto puede ser una cuestión de vida o muerte. Esto último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la competencia.

Tales características brindan a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los precios de comercialización, más en función de lo que el precio de mercado puede alcanzar que en proporción al costo real de producción Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas mundiales (Novartis, Roche y Pfizer), suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares; el PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra.

No preocupa a la industria que los sectores empobrecidos no puedan pagar los precios elevados, dado que los pobres son vistos como un mercado para vender los medicamentos más comunes y baratos. Ello sin hablar de las “enfermedades olvidadas”, aquellas que afectan principalmente a sectores pobres del Sur y para las cuales las farmacéuticas no se empeñan en investigar medicamentos para contrarrestarlos, porque no se lo ve como una opción rentable; es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la cual se estima que apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la medicación.

Ante este panorama de indefensión de la población frente al poder de la industria farmacéutica, le corresponde al sector público una alta responsabilidad para aplicar las necesarias políticas, regulaciones y medidas de control y equilibrio del poder de mercado, para garantizar el derecho humano a la salud, particularmente para los sectores más empobrecidos.

Un signo alentador en este sentido fue la reciente resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma que el acceso universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud. El acuerdo reitera el llamado a los Estados para continuar colaborando para desvincular el costo de la nueva investigación y desarrollo, de los precios de los medicamentos, vacunas y diagnósticos, en el caso de enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo y las enfermedades tropicales olvidadas.

En otro acuerdo, se reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública, mediante, entre otras medidas, la aplicación efectiva de las flexibilidades reconocidas para países en desarrollo bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias obligatorias para producir medicamentos genéricos.

En la práctica, sin embargo, los países suelen ser presionados a renunciar a estos derechos, particularmente si han firmado acuerdos comerciales. Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS plus”, como una prolongación del plazo de las patentes y el sistema de disputas inversionistas-Estados que amenaza el uso de licencias obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS.

Respuestas regionales

Respecto de los medicamentos esenciales, una misma empresa farmacéutica suele vender el mismo medicamento -en diferentes países- con variaciones de precios de hasta 300% o incluso 600%, en algunos casos.

Una de las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que significa que el Estado negocia en masa la compra de los medicamentos que más necesitan los servicios públicos de salud, lo que le permite un mayor poder de negociación con las empresas productoras.

Esta ventaja aumentaría si varios países compraran en conjunto, lo que sería posible en el marco de los acuerdos de integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan con un mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los países de Suramérica (o varios de ellos) están considerando la posibilidad de hacer lo propio.

Además de impulsar una compra pública agregada entre los países interesados y de ampliar la base de datos de precios (la cual se hará pública), se está elaborando un mapeo de las capacidades productivas de medicamentos en la región, en particular en el sector público, con la idea de que un país productor podría abastecer a toda Suramérica con un medicamento específico, a menor costo. Hay iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos medicamentos para las enfermedades particulares de la región, en particular las “olvidadas”.

Otras respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen: desarrollar vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud pública (históricamente fueron elaborados por las empresas) con información más completa y objetiva para orientar a los médicos; adoptar legislaciones adecuadas para fijar techos a los precios de medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar los sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen por qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos “biosimilares” (un equivalente de genéricos, para los medicamentos biológicos), por ser más complejos, debe asegurarse que tengan la misma calidad, lo que se podría hacer conjuntamente.

Amenazas

Sin perjuicio de las referidas medidas, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos es la “judicialización de la salud”, una de las principales amenazas a los sistemas de salud, tanto para el uso racional de medicamentos, como para la sostenibilidad de los sistemas. Por ejemplo, hay juicios planteados por grupos de enfermos que han obligado al Estado a cubrir el costo de medicamentos patentados, que no están en el cuadro nacional de medicamentos, ni necesariamente son mejores, siendo además que el sistema judicial no está capacitado técnicamente para juzgarlo. En varias oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que auspician a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las empresas farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro conflicto de interés.

A la par de las prácticas ya enunciadas, los niveles de corrupción van penetrando a diversos estamentos de la sociedad. Es el caso de los premios e incentivos económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos médicos para que receten sus medicamentos de marca, o a las farmacias que más venden sus productos.

También hay normas nacionales que -por demanda de determinadas empresas- bloquean, por ejemplo, el uso de medicamentos “biosimilares”. O hay empresas farmacéuticas que deciden unilateralmente retirar un medicamento y remplazarlo por otro más caro.

En suma, la concentración del poder de mercado de las transnacionales farmacéuticas representa una amenaza directa al derecho a la salud. La única manera de enfrentar efectivamente este poder es con políticas públicas, que tendrán mayor fuerza si son concertadas regional e internacionalmente. Sería inadmisible que se siga entregando mayores prerrogativas a estas empresas en nombre del libre comercio o de atraer la inversión extranjera.

Reseñó e Indizado por JLT

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Nota del Editor: El editor no se responsabiliza por los conceptos u opiniones vertidos en las entrevistas, artículos y documentos reseñados en este Boletín, los cuales son de exclusiva responsabilidad de los respectivos entrevistados, autores o colaboradores.

    

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