N.95/97 – EE.UU.: Cuestionan exigencias de las universidades

Desde afuera se percibe que –en EE.UU.- los profesores universitarios titulares disfrutan de: (a) un puesto seguro y prestigioso, (b) libertad académica, y (c) seguridad financiera. Sin embargo, en ciertos casos, suele exigírseles que obtengan subvenciones para cubrir una parte de sus salarios. Eso ocurrió, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts (EE.UU.). Con base en una política promulgada en 2017, los profesores titulares de ciencias básicas deben reunir subvenciones externas que cubran -al menos- el 50% de sus salarios. Si no lo lograran, podrían enfrentarse a una reducción salarial, perder su condición de “tiempo completo”; así como sus espacios de laboratorio. En 2019, ocho miembros de la facultad, quienes habían obtenido la titularidad entre 1970 y 2009, demandaron a la universidad alegando que -al haberse reducido sus salarios- se habían violado sus derechos de titularidad. En la demanda destacaron una frase clave de la política de la universidad, que establece que la titularidad implica “un grado suficiente de seguridad económica para hacer que la profesión sea atractiva para hombres y mujeres capaces”. Se argumenta que el plan Tufts es netamente incompatible con los principios de seguridad económica y libertad académica asociados a la titularidad. En sus presentaciones judiciales de apelación, la Universidad deTufts sostuvo su derecho a reducir los salarios: “Durante muchos años, los demandantes no cumplieron con las expectativas de desempeño”; “No lograron mantener programas de investigación independientes que resulten en subvenciones relevantes y no obtuvieron financiamiento externo significativo para apoyar su investigación”. “En 2020, los demandantes no alcanzaron a cubrir el 50% de sus salarios” Por su parte, los demandantes alegan que fueron “contratados para investigar, enseñar y realizar trabajos de servicio, no simplemente para obtener subvenciones que podrían afectar su libertad académica”. Señalan también que muchos financiadores limitan la fracción de una subvención que puede destinarse al salario de un investigador principal y que  algunos “no quieren pagar ni un centavo en salarios” Concluyen destacando que “las universidades no son empresas y administrarlas como tales va en detrimento de la creatividad y el conocimiento que sólo la academia puede producir”. Dado que muchas facultades de medicina estadounidenses tienen políticas similares a las de Tufts, el fallo -que probablemente se emitirá en 2025- podría sentar un relevante precedente y repercutir en las expectativas de la titularidad en todo el país. En un escrito “amicus curiae” presentado el año pasado, la Asociación de Universidades Americanas, que representa a 69 universidades estadounidenses de investigación, señaló que aceptar el argumento de los demandantes “crearía una crisis financiera” porque las facultades de medicina dependen de subvenciones externas para sustentar sus operaciones.