N.51 – Decisiones sobre COVID-19 sustentadas en las “vidas salvadas”

La pandemia de COVID-19 ha costado -directa e indirectamente- cientos de miles de vidas y amenaza con cobrarse muchas más. Las disímiles decisiones políticas adoptadas por las naciones afectaron, de manera diferente, la tasa de infección, la mortalidad, la economía y la vida de los países. La selección entre opciones políticas implicó, inevitablemente, priorizar entre bienes (y valores) inconmensurables, como la supervivencia, la salud mental, la conexión social y el crecimiento económico. Si bien parece difícil o imposible considerar equitativamente tal diversidad de factores, fue imprescindible priorizar algunos de ellos para adoptar decisiones políticas, con innumerables efectos para las respectivas sociedades.

Los desafíos involucrados en la priorización entre factores inconmensurables permanecen desde el inicio de la pandemia, aun cuando la disponibilidad de creciente información permita hoy adoptar decisiones mejor fundadas. Un posible enfoque para decidir políticas frente a un brote como COVID-19 consiste en usar una medida compuesta, como “años de vida con bienestar”. En dicho enfoque, cada año de vida (ganado o perdido) se pondera por una puntuación de satisfacción con la vida (rango: 0-10). Este enfoque exhibe varios inconvenientes: (a) es difícil sopesar bienestar con supervivencia, (b) las conceptualizaciones del bienestar involucran diversos componentes (satisfacción, propósito, sentido y significación de la vida), y (c) cualquier criterio de bienestar que se adopte resulta cuestionable al priorizar las vidas de determinados grupos de personas sobre otros con distintas fuentes de satisfacción.

Un enfoque alternativo podría ser el de “total de vidas salvadas” que prioriza la vida como bien supremo, procurando –a toda costa- minimizar los decesos. Ello no implica descuidar los factores económicos, sociales y de bienestar; ya que éstos pueden afectar -de manera sustancial- las tasas de mortalidad. Diversos estudios de cohorte longitudinal indican que el desempleo, el aislamiento social y la depresión se asocian con una mayor mortalidad por todas las causas. Al decidir, por ejemplo, sobre el regreso de los niños a la escuela, se tendrá en cuenta que, aun cuando las muertes por COVID-19 son extremadamente raras entre los niños, aquellos que se infecten con el SARS-CoV-2 podrían infectar a personas mayores. Pero cabe preguntar si debería mantenerse a millones de niños fuera de la escuela, con consecuencias sustanciales para sus vidas, para “salvar” 500, 1.000 o 10.000 vidas ¿Cómo proceder si las consecuencias de mantener a los niños fuera de la escuela y los posibles efectos adversos futuros (sobre su salud y longevidad) superaran las consecuencias de las muertes relacionadas con infecciones, suponiendo que se haga todo lo posible para proteger a los adultos mayores, las personas con comorbilidades, los trabajadores de la salud y otros grupos?

La implementación del enfoque de “total de vidas salvadas” enfrenta diversos desafíos no del todo insuperables: (a) las asociaciones entre mortalidad con desempleo, aislamiento social y depresión pueden variar según las etapas vitales y el contexto, (b) cuando se utilizan estimaciones meta-analíticas para informar decisiones de política, debería examinarse si las conclusiones varían al considerar los análisis de sensibilidad, y (c) la dificultad para evaluar comparativamente los efectos de diversas políticas de autoaislamiento, distanciamiento social, localización de contactos y otras, con relación a políticas contra desempleo, aislamiento social, sedentarismo, depresión y perjuicios sociales, psicológicos y económicos.

Los datos hoy disponibles sobre diversas experiencias permiten comenzar a evaluar la asociación entre diferentes políticas y resultados sanitarios, sociales, económicos y psicológicos, así como extrapolar las consecuencias –en términos de mortalidad- a lo largo del tiempo. Sin embargo, dichos datos deben usarse con cuidado, ya que distintos países, regiones y ciudades pueden diferir en múltiples dimensiones y las sociedades pueden asimilar de diferentes maneras determinados resultados.

Lo que queda claro es que no resulta pertinente focalizar la evaluación de “vidas totales perdidas” exclusivamente en las actuales tasas de exceso de mortalidad total atribuibles a COVID-19, dado que en algún tiempo se manifiestarán las consecuencias –en términos de mortalidad- del desempleo, la pauperización, el aislamiento y la depresión. También deberán considerarse otros factores asociados con la mortalidad, como los tratamientos postergados, por ejemplo, para enfermedades cardíacas o cáncer, y la prolongada ausencia de atención médica, vacunación y otras medidas preventivas.

Puede llegar un punto en que el número de vidas perdidas por las consecuencias económicas, sociales y psicológicas de las decisiones políticas supere el número de vidas perdidas por la infección, y será crucial considerar las consecuencias indirectas de esas decisiones políticas sobre la mortalidad. Cuando los análisis de sensibilidad rigurosos indican que se alcanza ese punto, sería un error no tomar en cuenta -cualitativa y cuantitativamente- las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de las decisiones.