N.63 – La judicialización del derecho a la salud

Dado que los países de América Latina han consagrado –constitucional o legalmente- el “derecho a la salud”, una cuestión clave reside en clarificar el rol del Estado para garantizar ese “derecho”: ¿Hasta donde alcanza? ¿Debe el Estado prestar los servicios en forma directa o solo financiar y regular prestaciones que pueden ser provistas por otros operadores? ¿Cuál es el alcance de la cobertura? ¿Tiene límites o es virtualmente ilimitada?

En el “mercado” del sector salud, donde los proveedores cuentan con facilidades para diferenciar servicios y así manejar precios, el “derecho a la salud” puede resultar interferido por ciertos comportamientos individuales. Por tanto, es responsabilidad ineludible del Estado organizar y regular un sistema auténticamente equitativo de atención de la salud

La revolución científico tecnológica exhibe hoy avances extraordinarios, tales como la confluencia de la genómica, la biotecnología, la bioinformática y la inteligencia artificial para una medicina cada vez más “personalizada”. Ya no se trata de medicamentos o terapias amplias para todos, que constituye un mecanismo de escala para lograr precios accesibles. Se lanzan innovaciones cada vez más específicas para patologías y pacientes muy concretos que ejerciendo –naturalmente- su derecho a la salud, procuran acceder a la última novedad en materia tecnológica sin condicionamiento alguno.

Comienza así a jugarse un partido donde el derecho a la salud y sus alcances, las innovaciones tecnológicas en salud y el financiamiento solidario constituyen los vértices de una triangulo que resulta difícil de contener.

La judicialización de la salud vía “amparos” constituye una estrategia de extensión vertical de la cobertura que genera dudas sobre la sustentabilidad futura del sistema de salud, con una posible quiebra del sistema de salud ante la presión de las coberturas ilimitadas. Pero no se trata de un problema de los jueces, ni de los pacientes ni de los proveedores que hacen su juego en consonancia con los médicos o los estudios jurídicos. Se trata de un problema de mal diseño de las reglas que promueve la corrupción y la mala utilización de los recursos.

Como a nadie le gusta poner límites, la población exhibe disposición para financiar generosamente todo tipo de servicios, pero por otra parte se resiste a pagar impuestos para sostener esas mismas prestaciones que le parecen justas y adecuadas, ¿Quién es entonces el encargado de poner equilibrio en esa relación? Claramente el Estado -a través de sus diferentes agentes- es el encargado de establecer las garantías necesarias para cerrar el círculo entre acceso, sustentabilidad y calidad.

La política no es un arte que se resuelve a través de la magia, sino mediante métodos y una cuota de ciencia que permite, en este caso, mejorar la gobernanza del sistema. La economía de la salud provee elementos claves a tener en cuenta por la política para racionalizar la utilización y evitar recortes indiscriminados e injustos sobre tecnologías e innovaciones de probada efectividad.

Según el gran analista Carlos Matus, los políticos se dividen entre aquellos que él denomina “cabecillas” (que son los punteros) dedicados a la micropolítica, luego están los “lideres” que ven más allá del ángulo de la curva, y finalmente los “estadistas” que tienen la obligación de ver más allá del camino. En la Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, tenemos desde hace muchos años “cabecillas” y no “líderes”, ni mucho menos “estadistas”. En materia de salud esta es una importante limitación para asegurar el derecho a la salud en forma universal, equitativa y de calidad.