N.77 – Conocimiento Abierto

2.- Segundo artículo: La prioridad de acotar las restricciones en la difusión de investigación básica financiada por el gobierno estadounidense (2.1.) (2.2.)

La comunidad académica de EE.UU. se apresta para convencer a los legisladores nacionales de que los beneficios de mantener abierto el acceso a la investigación básica financiada por el gobierno, y no “clasificada” (como “secreta” o “confidencial”), superan con creces cualquier eventual amenaza a la seguridad nacional.

La National Science Foundation (NSF) solicitó a las National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) que realicen un taller sobre los factores que determinan la “clasificación” de la investigación financiada con fondos federales. Dado que la agresiva búsqueda de tecnologías emergentes, particularmente por parte de China, provoca fuertes reclamos para “cerrar” la investigación básica sobre algunas tecnologías sensibles -como computación cuántica, inteligencia artificial y herramientas biotecnológicas que podrían usarse para producir armas biológicas- los funcionarios de la NSF esperan que en dicho taller pueda evaluarse si debe modificarse el sistema -históricamente “abierto”- para compartir resultados de investigación.

Se espera que los participantes del taller aboguen por la apertura informativa como atributo esencial para la innovación y la seguridad ya que, además de impulsar el progreso de la ciencia en EE.UU., sirve como “un sistema de alerta temprana” sobre descubrimientos realizados en otros lugares del mundo. Concluye señalando que el resultado de ese encuentro se necesita “desesperadamente” en el Congreso.

3.- Tercer artículo: Expertos urgen a EE.UU. a eliminar las sanciones unilaterales discriminatorias (3)

Un grupo de “relatores especiales” (expertos independientes) nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló recientemente que EE.UU. debe retirar las sanciones unilaterales contra académicos de ciertos países, dado que las mismas: (a) atentan contra el principio de no discriminación y el derecho de toda persona a disfrutar de los beneficios del progreso científico, (b) perjudican la investigación científica, (c) amenazan la libertad de cátedra, y (d) trasgreden leyes internacionales.

En una declaración conjunta los expertos advirtieron lo siguiente: “Estamos sumamente preocupados por el creciente impacto negativo de las sanciones que perjudican la participación de académicos de los países sancionados en la investigación y en la cooperación académica y científica internacional”. Los relatores instaron: (a) al gobierno de EE.UU. “a retirar las sanciones unilaterales que discriminan a los profesionales y académicos de países bajo sanciones”, y (b) a las asociaciones académicas, editoriales, consejos editoriales y juntas de revistas científicas, a evitar “un apego excesivo” a los regímenes de sanciones por temor a posibles daños en su reputación, en su negocio u otras implicaciones. Señalaron además que “La investigación científica y académica y la difusión de sus resultados no deben estar condicionadas por decisiones que no estén basadas íntegramente en consideraciones científicas y académicas. No deben depender de decisiones políticas ni de la aplicación de regímenes de sanciones contra determinados países y sus ciudadanos”, insistieron los relatores.

Los “relatores especiales” forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos. Estos expertos trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU, no perciben salario por su trabajo, y actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización.

4.- Cuarto artículo: En EE.UU. la Casa Blanca exige el acceso público inmediato a todos los artículos resultantes de investigaciones financiadas por agencias federales (4.1.) (4.2.) (4.3.)

El acceso a los frutos de la investigación financiada por el gobierno de EE.UU. ha dado un giro sustancial. La administración del presidente Joe Biden anunció el 25/08/2022 que, para fines de 2025, las agencias federales deben poner gratuitamente a disposición del público los documentos referidos a los trabajos financiados por los contribuyentes tan pronto como se publique la versión final revisada por pares, así como los datos en los que se fundan esos trabajos. La nueva política replantea las reglas de acceso vigentes desde 2013.

Diversas editoriales comerciales y sociedades científicas lucharon largamente para preservar sus ingresos por suscripción, pero los críticos argumentaron siempre que ello obstruye el libre flujo de información e implica obligar a los contribuyentes a “pagar dos veces”, una para financiar la investigación y otra para acceder a los resultados. Desde finales de la década de 1990, los críticos vienen presionando al Congreso y a la Casa Blanca para exigir un “acceso abierto” gratuito e inmediato a la investigación financiada por el gobierno. La administración Biden atendió a esas demandas, si bien la nueva política no adopta expresamente la expresión “acceso abierto”, sino “acceso público”.

Muchos editores dicen apoyar una transición al “acceso abierto” cobrando a los autores una tarifa para que sus artículos sean accesibles gratuitamente para todos. Esos editores critican la nueva política de EE. UU.: “Hubiéramos preferido trazar nuestro propio camino para abrir el acceso, sin necesidad de un mandato del gobierno”. La Asociación de Editores Estadounidenses se quejó de que la política llegó “sin una consulta formal … con una decisión que tendrá amplias ramificaciones, incluido un grave impacto económico”. Otros editores adoptaron una actitud de esperar y ver. Sudip Parikh, CEO de AAAS, que publica la familia de revistas Science, señala que “es demasiado pronto para saber si esta regla afectará a nuestras revistas“. (AAAS publica una revista de acceso totalmente abierto, Science Advances, y desde 2021 sus revistas Science con pago permiten a los autores depositar en repositorios institucionales las versiones revisadas por pares de sus manuscritos en el momento de la publicación).

El impacto de la nueva política podría variar según sea la agencia que financie la investigación de un determinado autor. Cada agencia deberá formalizar su política para fines de 2024 e implementarla para fines de 2025. La política no exigirá ningún modelo comercial particular para la publicación; por ejemplo, no exigirá que los investigadores financiados con fondos federales publiquen sólo en revistas de acceso abierto. Los investigadores que publiquen en revistas por suscripción podrían cumplir con la regla depositando la versión revisada por pares y aceptada en un depósito público u otro medio aprobado por la agencia. Las revistas con suscripción paga podrán mantener sus derechos sobre la versión final de los artículos publicados con edición final, composición tipográfica y tablas de datos formateadas.

La nueva política refleja los profundos cambios transitados desde que comenzó a debatirse seriamente acerca del acceso público en EE.UU.; hace más de 25 años. Al mismo tiempo, el auge de Internet impulsó diversas formas de publicación, como las revistas de acceso abierto y la publicación de “preprints” (sin revisión por pares) de libre acceso. En Washington, D.C., estos cambios llevaron al Congreso a instar al gobierno federal a revisar sus políticas de acceso. Varios desarrollos en los últimos años aumentaron la presión para una renovación. En 2019, el programa de investigación “Cancer Moonshot” del Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU. exigió a sus investigadores que diserminaran gratuitamente sus documentos. En 2018, un grupo de financiadores europeos de investigación -llamado “Coalition S”- dio a conocer una política similar, que entrará en vigencia en enero de 2025. Ahora, con las nuevas reglas de EE. UU. estará disponible para todos -inmediata y gratuitamente- una parte sustancial de la literatura académica mundial. En 2020, la OSTP estimó que los fondos federales habrían financiado los estudios que resultaron en unos 263 000 artículos publicados, lo que equivaldría al 9% de los 2,9 millones de artículos publicados en todo el mundo. Y dado que la política se aplicará ahora a todas las agencias federales estadounidenses que financian investigaciones, el material gratuito podría incluir muchos otros estudios financiados por donaciones nacionales, así como capítulos de libros y actas de conferencias revisados por pares.

Según los analistas es difícil predecir cómo afectará el cambio a las finanzas de revistas, editores e investigadores involucrados. Aun las bibliotecas universitarias y otras instituciones podrían estar dispuestas a continuar pagando tarifas de suscripción, incluso si pudiera accederse gratuitamente a los mismos documentos en otros lugares, si los editores comerciales ofrecieran una mejor interfaz, funciones de búsqueda u otros servicios. Dado el inmenso peso del gobierno de EE.UU., en materia de investigación científico-tecnológica, es probable que la nueva política tenga un significativo impacto global.