N.80 – Examen de transparencia

La décima edición del informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas -“Examen de transparencia universitaria 2021”- elaborado por la Fundación Haz (1), arroja luces y sombras sobre el sistema universitario.

En el documento se reconoce el avance en la transparencia de las universidades públicas, donde, por primera vez desde la publicación de los informes, el 90% de ellas son consideradas “transparentes” y ninguna fue calificada como “opaca”. Por el contrario, las universidades privadas se han estancado en los niveles de transparencia y solo un 23% ha obtenido el calificativo de “transparente”. Dicha diferencia queda también patente cuando se compara el promedio de transparencia de las universidades públicas, con un 86% de media de cumplimiento, frente al 57% de las privadas.

La información más “opaca” de las universidades privadas es la referida al área económica, donde tan solo un tercio (33%) publica los datos pertinentes. La principal responsabilidad de esta falta de información económica recaería sobre los órganos de gobierno (consejos de administración, patronatos, cancillería, etc.). En este sentido, “no puede extrañar que la ausencia de datos económicos tenga su reflejo en la opacidad relativa a la titularidad (propiedad) de las universidades privadas, información que solo proporciona un 46% de ellas”. “Esta correlación es particularmente evidente en las universidades cuyo titular es una sociedad mercantil, pues presentan los mayores grados de opacidad de todas las universidades, públicas y privadas”, afirma la publicación.

Estos son los principales resultados del informe, disponible en www.hazfundacion.org, que analiza la información que publican de manera voluntaria en la web 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica y resultados, entre otros indicadores.

La debilidad de los consejos sociales en las universidades públicas (2)

El informe es especialmente crítico con los consejos sociales de las universidades públicas. Según Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del informe, “la Ley de Reforma Universitaria de 1983 creó los consejos sociales con el fin de evitar que la universidad se constituyese en un patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria y se convirtiese en un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. Pues bien, no hemos avanzado nada en estos 40 años. La mayoría de los consejos sociales son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayor parte de sus miembros no son independientes”.

Según el artículo 17.4 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el consejo social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe disponer “de una organización de apoyo y de recursos suficientes”. Pero a través de la realidad que muestra este informe, se llega a la conclusión de que, en la mayoría de los casos, los presupuestos de los consejos sociales de las universidades públicas son “paupérrimos””. “La mayoría de los consejos sociales son estructuras de gobierno y supervisión “de papel”, sin recursos económicos ni humanos y con una composición en la que la mayoría de sus miembros no son independientes”,

Si a lo anterior se suma que prácticamente el 50% de los consejos sociales no cuenta con una partida de gastos de personal, se concluye que estos órganos no tienen recursos suficientes para desarrollar, de una manera adecuada, sus funciones de gobernanza y rendición de cuentas. “Si existe voluntad real de que los consejos sociales puedan realizar una función eficaz para servir de puente entre la sociedad y la universidad actuando de palanca para que ésta progrese en la excelencia, es urgente dotarles de recursos económicos y humanos, de un mayor compromiso con la rendición de cuentas y de una composición de sus miembros más independiente”, explica Ángel Luis Ladrón de Guevara, coautor del informe.

Lo más preocupante -según los autores del informe- es que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario “solo contribuirá a ahondar, aún más, el frágil y defectuoso sistema de gobernanza de la universidad”, ya que pretende aumentar la financiación pública sin mejorar el sistema de gobierno ni fortalecer la rendición de cuentas.

El foco de la opacidad en las universidades privadas (3)

La transparencia de los titulares de la propiedad de las universidades privadas resulta imprescindible para identificar quién tiene el control sobre las mismas, así como para inferir los potenciales conflictos de intereses que pueden afectarlas. Los propietarios suelen reservarse, entre sus atribuciones, el nombramiento y cese de los dirigentes, así como la competencia para aprobar las decisiones más importantes relacionadas con la continuidad de las respectivas organizaciones.

En el informe se revisa la naturaleza jurídica de las 26 universidades privadas participantes y se comprueba que sus propietarios suelen ser una sociedad mercantil, una fundación o la Iglesia católica. En cada uno de estos casos el gobierno corresponde a un consejo de administración (sociedad mercantil), a un patronato (fundación) o una cancillería (universidades de la Iglesia). En este sentido, el análisis subraya la opacidad sobre la propiedad de las universidades privadas cuyo titular es una sociedad mercantil. Seis de las siete universidades que se encuentran en esta situación no ofrecen información sobre sus propietarios. Todas, con excepción de la Camilo José Cela, han sido calificadas de “opacas” y cinco de esas universidades se sitúan en la cola en el ranking de transparencia.