N.80 – La investigación en las universidades

En el artículo aquí reseñado el autor (*) –con base en sus experiencias como investigador y responsable de gestión universitaria- describe: (a) diversas restricciones que afectan a la función de investigar en las universidades nacionales (estatales) de la Argentina, y (b) un conjunto de propuestas para conformar un sistema integrado de investigación y desarrollo.

1.- Principales restricciones que afectan a la función de investigar en las universidades nacionales

1.a.- Primera restricción: Problemas de articulación entre las carteras de investigación, de universidades y de acreditación

En general, las convocatorias de investigación o de apoyo a los posgrados -que culminan con instancias de investigación-, suelen disponer de un financiamiento sumamente limitado. Buena parte de los recursos y de los programas de ciencia e investigación pasaron a la órbita del MINCyT, que es el principal órgano de aplicación de las leyes 23.877 de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica, de la 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con ésta última norma el Estado Nacional se comprometió a destinar el 1% del PBI en la actividad de investigación en el plazo de una década. Las universidades prácticamente no fueron incluidas en la regulación y tienen escasa injerencia en la orientación de dicho financiamiento. El tercer actor vinculado con la investigación en las universidades es la CONEAU, que no dispone de fondos propios para programas de mejora y tampoco tiene injerencia en la asignación de recursos del MINCyT. La CONEAU tiene funciones de evaluación y de acreditación, fomenta la investigación entre los docentes y promueve las actividades científicas en los laboratorios. Como un estándar de acreditación de los posgrados, exige que exista investigación de calidad y que los estudiantes participen en ellas, que los docentes publiquen y que las instituciones apoyen la formación permanente de los planteles docentes, orientándolos a alcanzar el nivel máximo de formación doctoral. Las carreras que cumplen dichos estándares y que aprueban las evaluaciones no encuentran en la CONEAU incentivos económicos para mejorar la investigación, las publicaciones o al menos para mantener la calidad de sus laboratorios. Algo similar ocurre en las carreras de grado de interés público.

1.b.- Segunda restricción: Limitantes presupuestarios de las universidades

Las universidades invierten, en promedio, entre el 80-90% de sus fondos propios para garantizar el pago de salarios y el cumplimiento de funciones administrativas; siendo escasos los recursos que pueden destinar para la investigación y el desarrollo. Con esos montos es muy difícil encarar obras o la adquisición de equipamientos tecnológicos. La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) aporta un refuerzo anual que tampoco permite a las instituciones resolver el limitante presupuestario ni solventar las actividades y las publicaciones de I + D. Algunas instituciones pudieron adquirir equipamientos valiosos gracias a convocatorias del MINCyT y de otros organismos públicos, pero suele ocurrir que luego no puedan solventar los insumos para su funcionamiento, o que no logran reparar los desperfectos técnicos o las renovaciones del equipamiento. Estas restricciones para acceder a financiamiento suelen agravarse en las instituciones de reciente creación, frente a otras con mayor trayectoria que disponen de equipos de docentes investigadores consolidados.

1.c.- Tercera restricción: Dificultades de los docentes investigadores y de los estudiantes en formación

La mayoría de los docentes del país (65,9%) laboran con una dedicación simple que no contribuye a que investiguen. Es bajo el porcentaje de las dedicaciones semi exclusivas (18,5%) y exclusivas (11,6%) que permiten realizar actividades por fuera de la docencia. En muchos casos los profesores suelen tener una alta carga horaria frente a cursos y disponen de poco tiempo para realizar otras actividades. El Programa de Incentivos para Docentes Investigadores está desfinanciado y perdió relevancia, mientras que el PRINUAR, que tiene que implementar el Sistema de Categorización, viene acarreando serios problemas de funcionamiento. Las becas internas de investigación o las becas EVC-CIN de promoción y de formación tienen montos bajos, mientras que sus exigencias son relativamente altas.

1.d.- Cuarta restricción: Dificultades administrativas propias de las universidades

La gestión financiera de la función de la investigación en universidades encuentra una seria restricción en la aplicación del sistema de compras de la Administración Pública. Es muy complejo para los investigadores completar los trámites para adquirir un equipamiento o un insumo, cualquiera sea su valor. Ello trae como consecuencia diversas dilaciones en las compras, que suelen llegar a destiempo y con aumentos de precios por la inflación. Otra cuestión que complica la gestión de las áreas de investigación es la dificultad para reunir, articular y sistematizar la información acerca de la labor de los equipos. Con el actual software es muy difícil conocer la producción de los equipos y conformar estadísticas consolidadas sobre publicaciones, investigadores y actividades.

1.e.- Quinta restricción: Prejuicios limitantes de la función de investigación y desarrollo

Si bien las universidades son diferentes en historia, contexto e idiosincrasia, suelen compartir nociones elitistas de la función de investigación, junto con una influencia del reformismo y del cientificismo que suele alejar a las instituciones del entorno social, político y productivo.

Una cuestión a revisar es la insuficiente articulación de la tarea de investigación con el sector productivo y social, que restringe: (a) el impacto de muchas investigaciones, (b) la posibilidad de conseguir fuentes de financiamiento, y (c) la posibilidad de conformar agendas de temas relevantes para el desarrollo productivo y la promoción del trabajo argentino.

Un tema que debe debatirse es la inclusión del personal “no-docente” en las investigaciones, dado que su inserción en las diversas áreas de las universidades les aporta un conocimiento fundamental y, a diferencia de los docentes, se desempeñan mayormente a “tiempo completo”.

Otra cuestión por debatir es el supuesto de que todos los docentes tienen que investigar, ya que muchos docentes carecen de la vocación y la necesaria formación para hacerlo. No pocos docentes se integran a equipos de investigación con el sólo fin de cumplir un requisito burocrático, sin aportar nada sustancial a los respectivos proyectos, ni a la universidad ni al país, generando una carga administrativa innecesaria, proyectando ejemplos desfavorables de desempeño y desincentivando su capacidad creativa en funciones como la vinculación y la cooperación, entre otras.

Finalmente, no puede desconocerse la dificultad de los universitarios para consolidar una agenda de investigación que realmente contribuya a mejorar la vida de las propias sociedades. En muchos casos se importan temas del mundo desarrollado y se produce conocimiento con escaso arraigo en la propia comunidad. Esta dependencia cultural dificulta la posibilidad de formular una investigación orientada a problemas, regionalizada y con impacto social y productivo.

2.- Propuestas para conformar un sistema integrado de investigación y desarrollo

2.a.- Reunificar las carteras de universidad y de investigación en un nuevo Ministerio de Universidades, Ciencia y Desarrollo Federal.

2.b.- Dotar a la CONEAU con recursos propios para fortalecer la calidad de la investigación o, al menos, que sus dictámenes incidan directamente en la asignación de los programas y fondos del MINCyT y de la SPU.

2.c.- Impulsar que la Ley de Presupuesto incluya una línea para el mantenimiento de laboratorios, institutos y centros de investigación y ciencia acreditados. Podría funcionar de manera similar al ítem de transferencia de recursos a los hospitales universitarios.

2.d.- La SPU y las universidades deberían trabajar para mejorar las dedicaciones de los docentes que realmente se involucren en proyectos de investigación acreditados.

2.e.- Establecer que todas las instituciones permitan y fomenten el ingreso de personal “no-docente” en proyectos de investigación.

2.f.- Avanzar institucionalmente hacia una visión integral de las designaciones docentes, incluyendo alternativas que vayan más allá de la función del “docente investigador” y que incluyan a los extensionistas, a las actividades de vinculación, de capacitación comunitaria, etc.

2.g.- Desburocratizar la gestión universitaria de la ciencia y de la investigación. Sería importante que la SPU promueva un nuevo marco para la gestión científica en universidades, en línea con la Ley 23.877 de promoción de las Unidades de Vinculación Tecnológica. Deberían fomentarse los subsidios no rembolsables orientados a la evaluación institucional del resultado y el impacto de la investigación, más que al cumplimiento administrativo y formal de las rendiciones (como muchas veces ocurre).

2.h.- Regionalizar y orientar estratégicamente las investigaciones para resolver problemas de la propia realidad y no meramente a reproducir agendas foráneas o a discutir endógenamente con los textos.

2.i.- La Argentina requiere de un Sistema Nacional de estadísticas de I+D. Entre otras cuestiones, debe producirse un trabajo conjunto entre CV-Ar, SIGEVA y las instituciones internacionales de gestión de la actividad que vienen avanzando en este aspecto.

2.j.- En articulación entre la SPU, la CONEAU y el MINCyT, diagramar políticas de promoción de la formación doctoral en temas estratégicos, e implementar apoyos a las revistas, a la edición de libros, audiovisuales y otros mecanismos de publicación y divulgación de la actividad científica.

(*) Aritz Recalde es Director del Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa